Secretos empresariales y litigios: ¿qué?



 

La confidencialidad empresarial está protegida por medidas físicas y lógicas.

¿Puede utilizarse el instrumento jurídico, el acuerdo o cláusula de confidencialidad, o incluso la ley, además de su función organizativa, como último recurso, y si se dispone de medios para emprender acciones legales, como instrumento para sancionar el secreto empresarial o para imponer limitaciones? ¿En qué condiciones?

  • Probar la culpa contractual, la violación de la confidencialidad, el daño resultante.

Puede haber dificultades para identificar la información que debe considerarse confidencial y para rastrear su movimiento.

Si los términos contractuales son demasiado vagos, el juez se verá animado a interpretarlos a su manera. Por otro lado, demasiadas precauciones pueden hacer que los términos del acuerdo de confidencialidad resulten poco prácticos.

Se puede implantar un sistema de grabación de las reuniones, depositarlas en un tercero de confianza o marcar de forma más o menos sofisticada los documentos o creaciones en cuestión, desde el famoso sello "confidencial" hasta técnicas de geolocalización y anticopia.

En cuanto a la pérdida, ¿cómo se evaluará en ausencia de una multa a tanto alzado acordada? Se puede recurrir a las herramientas clásicas de la teoría económica (evaluación por costes, comparables, ingresos esperados, etc.).

Allá Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.(transpuesto al Código de Comercio, artículos L151-1 y siguientes:

  "Las autoridades judiciales competentes podrán, en los casos apropiados, fijar una suma a tanto alzado por daños y perjuicios, basada en elementos tales como, al menos, el importe de los cánones o regalías que se habrían adeudado si el infractor no hubiera sido víctima de la infracción. Alternativamente, las autoridades judiciales competentes podrán, en los casos apropiados, fijar una suma a tanto alzado por daños y perjuicios, basada en elementos tales como, al menos, el importe de los cánones o tasas que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado permiso para utilizar el secreto comercial en cuestión.

 

  • Seguir protegiendo el secreto en los litigios

Para proteger un secreto comercial en un procedimiento judicial, la citada Directiva 2016/943 de la UE establece que las autoridades judiciales pueden restringir el acceso a los procedimientos y las audiencias, o entregar versiones suavizadas de los documentos en cuestión.

Una medida preventiva consistirá la mayoría de las veces en el secuestro de pruebas, por ejemplo durante un embargo por falsificación (sobre la base de los artículos L615-5, R615-2, R615-4 del Código de la Propiedad Intelectual) (Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation dictada el 22 de noviembre de 2019 3ª sala 3ª sección N° RG 19/10783).

Así, el apartado 1 del artículo R153-1 del Código de Comercio establece:

Cuando el asunto se remita al tribunal sobre la base del artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el curso de una investigación ordenada sobre esa base, el tribunal podrá ordenar de oficio el secuestro temporal de los documentos solicitados con el fin de garantizar la protección del secreto comercial.

 

El Código de Comercio continúa organizando un sutil procedimiento para la protección del secreto y la divulgación limitada de la información confidencial:

Artículo R153-2 del Código de Comercio:
Cuando, en aplicación del artículo L. 153-1, el juez restrinja el acceso al documento únicamente a las personas autorizadas para asistir o representar a las partes, también podrá decidir que estas personas no puedan realizar una copia o reproducción del documento, salvo con el acuerdo del titular del documento.

Artículo R153-2 del Código de Comercio:
Cuando, en aplicación del artículo L. 153-1, el juez restrinja el acceso al documento únicamente a las personas autorizadas para asistir o representar a las partes, también podrá decidir que estas personas no puedan realizar una copia o reproducción del documento, salvo con el acuerdo del titular del documento.

Artículo R153-3 del Código de Comercio:
So pena de inadmisibilidad, la parte o el tercero en el procedimiento que invoque la protección del secreto comercial en relación con un documento cuya comunicación o presentación se solicite deberá presentar al tribunal, en el plazo que éste fije :
1° La versión confidencial completa de este documento;
2° Una versión o resumen no confidencial ;
3° Una declaración que especifique, para cada dato o parte del documento en cuestión, las razones por las que se trata de un secreto comercial.
El juez podrá oír por separado al titular del documento, asistido o representado por cualquier persona autorizada, y a la parte que solicite la comunicación o la presentación del documento.

Artículo R153-4 del Código de Comercio:
El juez decidirá, sin audiencia, sobre la comunicación o la presentación del documento y la forma en que debe presentarse.

Artículo R153-5 del Código de Comercio:
El juez se negará a comunicar o presentar el documento si no es necesario para la resolución del litigio.

Artículo R153-6 del Código de Comercio:
El juez ordenará la comunicación o producción del documento en su versión íntegra cuando sea necesario para la solución del litigio, aunque pueda vulnerar un secreto comercial.
En este último caso, el juez designará a la persona o personas que podrán tener acceso al documento en su versión íntegra. Cuando una de las partes sea una persona jurídica, el juez designará, previo dictamen de ésta, a la persona o personas físicas que, además de las personas legitimadas para asistir o representar a las partes, podrán tener acceso al documento.

Artículo R153-7 del Código de Comercio:
Cuando sólo algunos elementos del documento sean de tal naturaleza que infrinjan un secreto comercial sin ser necesarios para la resolución del litigio, el tribunal ordenará la comunicación o producción del documento en una versión no confidencial o en forma de resumen, de acuerdo con los términos y condiciones que determine.

Artículo R153-8
Cuando se dicte antes de cualquier juicio sobre el fondo, la decisión que resuelva sobre la solicitud de comunicación o presentación del documento podrá ser recurrida en las condiciones previstas en el artículo 490 o en el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El plazo de recurso y el recurso dentro de dicho plazo serán suspensivos cuando la resolución estime la solicitud de divulgación o de presentación. No podrá ordenarse la ejecución provisional.

  • Obtención de medidas de contención

El juez puede decidir medidas provisionales de ejecución, incluido el cese de la explotación de "mercancías infractoras", "cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficien significativamente de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita".

Estas medidas se revocan si no hay una acción sobre el fondo, y pueden estar sujetas a una fianza.

Ver también :

Protección de secretos comerciales

Patentes para inventos, inventos de empleados

 

Protección de secretos comerciales

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 porte sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

 

Objetivo

 

Elle établit des mesures communes contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de secrets d’affaires et vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.Elle a pour objectif de mieux protéger les entreprises européennes face à l’espionnage économique et industriel, en particulier, les PME.

 

Ainsi en cas de vol, d’acquisition ou d’utilisation illégale des informations confidentielles, la victime pourra se défendre devant les juridictions civiles partout en Europe. Autrement dit, la directive  est censée avoir un effet dissuasif contre la divulgation illégale de secrets d’affaires, tout en préservant les droits et libertés fondamentaux ou l’intérêt général comme la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique, la protection de l’environnement et la mobilité des travailleurs.

 

Objet de la protection

 

L’objet de la protection apparaît large, qu’il s’agisse de la définition des secrets protégés ou de leurs détenteurs.

 

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive définit les secrets d’affaires comme

 

« des informations qui répondent à toutes les conditions

suivantes :

– a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la

configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas

généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent

normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément

accessibles ;

– b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;

– c) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le

contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des

circonstances, destinées à les garder secrètes».

 

Une telle définition regroupe des données de nature technique (savoir-faire et procédés de fabrication, notamment) ou commerciale (fichiers clients, études de marketing, fichiers de fournisseurs) ayant pour caractéristique commune d’avoir été tenues secrètes.

 

 

 

Sanctions

 

Les sanctions prévues par le texte sont uniquement civiles – lesquelles devront être dissuasives mais proportionnées – mais les États conserveront la possibilité d’ajouter des sanctions pénales (art. 5 et 6).

 

Après la publication de la directive au Journal officiel de l’UE et son entrée en vigueur, les États membres disposeront d’un délai maximal de deux ans pour intégrer les nouvelles dispositions dans leur droit national.

 

La directive est entrée en vigueur le 05 juillet 2016. Elle devra être transposée en droit interne par les Etats membres au plus tard le 09 juin 2018. En attendant, ceux-ci doivent alors encore se référer à leurs dispositions nationales sur la question.

 

Du point de vue français

 

En France, loin de se trouver abandonnés à un quelconque vide juridique, les secrets d’affaires bénéficient d’ores et déjà d’une protection sur le terrain de l’action en concurrence déloyale et par certains textes pénaux (abus de confiance et délit d’atteinte à un secret de fabrique, notamment).

Il n’existe pas à proprement parler de délit de « violation du secret des affaires ». (Un texte avait été proposé, mais n’était pas allé jusqu’à l’adoption définitive : une proposition de loi qui introduisait ce nouveau délit avec des sanctions de 3 ans d’emprisonnement et 375000 € d’amende).

 

 Le secret de fabrique

En France, on parle plutôt de « secret de fabrique », faisant référence aux savoirs-faires et aux inventions  : celui-ci est encadré par l’article L. 1227-1 du code du travail qui prévoit notamment une sanction pénale. Cet article est également reproduit à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle. Le secret industriel est quant à lui encadré  par l’article L. 124-4 alinéa 3 du code de l’environnement et par loi du 17 juillet 1978 qui contient des exemptions.

 

Les limites du secret

D’une manière générale, toutes les données paraissent communicables, y compris sur le nucléaire et les OGM. Les seules limites sont le secret de la vie privée, la sécurité nationale et les secrets industriels, le secret professionnel,  les informations couvertes par accord de confidentialité.

 

On peut aussi appliquer l’article 39 deuxièmement de l’ADPIC (Accord sur les aspects de Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) qui dispose que

 « Les personnes physiques et morales auront la

possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne

soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur

consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous

réserve que ces renseignements : 

  1. a)  soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la

configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas

généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent

normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément

accessibles ;

  1. b)  aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets ; et
  2. c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le

contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances,

destinées à les garder secrets ».

 

Ce texte offre ainsi une dérogation pour le domaine particulier de la propriété intellectuelle et n’est pas sans rappeler les dispositions de l’article 1 de la directive.

 

L’espionnage économique

En France, deux décisions de 1ère instance ont pu constituer les premières condamnations de l’espionnage économique par le vol de données immatérielles (« Michelin », 21 juin 2010 et « Rose », 26 septembre 2011, rendues par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand). 

 

En l’espèce, les auteurs des infractions s’étaient chacun approprié ce que l’on nomme des secrets d’affaires, c’est-à-dire des informations non brevetables,  couvertes par la confidentialité et ayant une valeur économique ou stratégique pour l’entreprise. Il s’agissait de données immatérielles. Cela s’annonçait alors comme des décisions précurseures de la portée de la directive.

 

Les critiques

Les craintes des journalistes

Le monde du journalisme est réticent à cette directive.

En effet, la Presse estime que celle-ci bafoue le droit d’informer des journalistes et

le droit d’être informé des citoyens. (Mise en place d’une pétition notamment).

Elle réclame la suppression pure et simple de cette directive qui prévoit de lourdes sanctions en cas de divulgation de secrets des affaires y compris par les journalistes. 

Si une source ou un journaliste « viole » ce « secret des affaires », des sommes colossales pourraient lui être réclamées. 

Des peines de prison pourraient même être prononcées dans certains pays.

Pourtant, les euro-députés clament que les journalistes seront exemptés de ces mesures conformément au respect du droit d’information et à la liberté d’expression (Article 5 de la directive). 

Mais les journalistes pensent encore qu’il s’agira uniquement d’exceptions, très rarement reconnues. 

En effet, l’article reste très vague et donc soumis à une large interprétation pour la retranscription dans les Etats membres.

 

Les lanceurs d’alerte négligés ?

Concernant les lanceurs d’alerte, la directive ne prévoit pas de protection pour eux, bien qu’étant tout de même mentionnés en préambule 

« les mesures, procédures et

réparations prévues […] ne devraient pas entraver les activités des lanceurs

d’alertes ».

 

Une directive séparée les concernant est tout de même en cours de préparation.

 

Cependant, en France, ils bénéficient déjà d’une protection, au sens de l’article 122-9 du code pénal (créé par la loi n°2016-1961 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), qui dispose que 

 

« n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

 

A ce titre le lanceur d’alerte est définie par la loi du 9 décembre 2016 précité comme 

 

« une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (article 6 alinéa 1 de la loi). 

 

Par conséquent, ceux-ci bénéficient d’une exemption au secret des affaires lorsque l’intérêt général le permet.

MR.

Mise à jour 13 déc. 2021 :

LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II)

Proposition de loi lanceurs d’alerte

Secret des affaires et contentieux

Brevets et inventions de salarié

 

 

 

 

 

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